

La justicia belga ha desestimado nuevamente y, ahora de forma definitiva, la extradición del exconsejero Lluís Puig a España. La fiscalía de Bélgica no recurrirá la sentencia del Tribunal de apelación Belga, que ha denegado la euroorden española. El caso ha quedado definitivamente cerrado y supone un nuevo revés para el juez Pablo Llarena. Esta decisión crea un precedente en las diferentes causas contra los presos políticos y exiliados.
Su defensa, al igual que la de los otros presos políticos y exiliados, siempre consideraron que el alto tribunal español no era competente para juzgarlos, pues correspondía hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, la justicia belga sanciona las expresiones políticas de jueces y fiscales españoles contra los líderes catalanes en medios de comunicación, poniendo en duda la neutralidad que cuestionaría la garantía de que nuestros presos políticos tuvieron un juicio justo.
No sé qué pensará la judicatura española ante este gran fracaso. Alemania, Reino Unido, Bélgica y Suiza han denegado todas las extradiciones solicitadas desde España. ¿No sería hora de planteárselo y ver las razones de este nuevo revés y de todos los anteriores?, ¿será capaz España de reconocer que la justicia europea ha visto que, en su parcialidad, existe un deseo de venganza ante su orgullo herido y que de esta forma nunca podrá juzgar imparcialmente, ni conseguir un juicio justo?. Por cierto, un juicio al cual nunca debería haberse llegado, siempre debería haberse buscado una solución política, como han hecho otros países.
Pues parece que España no es capaz. Hemos visto al actual ministro de justicia del gobierno que dice llamarse el más progresista que ha tenido España, Juan Carlos Campo, que solamente consigue contestar de una forma atribulada a los periodistas que le preguntan sobre este revés, que la justicia belga no conoce la realidad del estado del derecho en España y aseguró que el gobierno está estudiando recurrir la sentencia de la justicia belga, cuando ya ha sido archivada por la fiscalía. Justamente, señor ministro, es lo contrario: cada vez hay más países que tienen una idea clara de cómo se ha comportado de una forma vengativa la justicia española con el independentismo catalán. Y empieza a pesar como una losa, aunque le disguste.
Al inicio del proceso corrió por las redes sociales un vídeo donde personalidades de renombre, entre ellos Guardiola, ponían en entredicho la manera de actuar de la justicia Española, resaltando la consideración de que un problema que siempre había sido político, por la reiterada negativa del gobierno y de la mayoría del propio parlamento a negociar un acuerdo para un referéndum legal, hubiera pasado a ser considerado un delito judicial y de la magnitud de peticiones de la fiscalía del estado de fuertes condenas para los acusados. Con la vergüenza de ver sentados en la acusación particular a la extrema derecha.
Coincidiendo prácticamente con la sentencia de la justicia belga, se han producido dos hechos a destacar, el primero, la Pascua Militar, donde Felipe VI ha hecho referencia a la Constitución que, política y judicialmente en algunos casos, no se cumple y no ha hecho ninguna mención al tema de los militares sublevados. El segundo, ha sido el manifiesto que cincuenta personalidades mundiales han dirigido a Òmnium Cultural y que han firmado personalidades de la talla de Dilma Rousseff, Gerry Adams, Yoko Ono, Ai Wei Wei y cinco premios Nobel, Shirin Ebadi, Jody Williams, Mairead Maguire, Adolfo Perez Esquivel y la escritora Elfriede Jelinek, entre otros.
La iniciativa ha partido de Òmnium Civil Rights Europe, la delegación de Òmnium Cultural en Bruselas, y se concreta en un breve manifiesto titulado “Dialogue for Catalonia”, que reclama “el diálogo entre los Gobiernos español y catalán para encontrar una solución política que permita a los ciudadanos de Cataluña decidir su futuro político”, pero incide en que “para que el diálogo tenga éxito, debe terminar la represión política y debe haber una amnistía para los procesados y exiliados”.
Lo que reclaman los firmantes de este manifiesto es lo que han dicho muchos juristas de todo el mundo, incluyendo españoles, que confirman lo que muchos estamentos y organizaciones de derechos humanos llevan reclamando hace tiempo, la anulación del juicio, la amnistía, la consiguiente libertad de los presos políticos y la vuelta a casa de los exiliados, extremo este que reclaman, desde el primer día, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.
Carles Puigdemont ha reclamado a Pedro Sánchez que actúe con valentía, acepte la sentencia belga y ponga fin a esta anómala situación.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores?, ¿será capaz Pedro Sánchez de atender esta reclamación?, ¿hará la judicatura española un verdadero examen de conciencia y dejará de seguir con la represión?, ¿o no lo hará haciendo caso omiso a la Justicia Europea, Amnistía Internacional o las Naciones Unidas?, ¿es este el país democrático y de derecho que esperábamos encontrar cuando fuimos a votar la Constitución?, ¿tenemos motivos suficientes los catalanes para querer ser independientes?
Paco Martinez – Grup de Treball de la Sectorial de Jubilats Gent Gran y miembro de Súmate